dse Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa Diálogos sobre educ. Temas actuales en investig. educ. 2007-2171 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Estudios en Educación 00010 00010 Debate ¿Empoderado o desempoderado? Los efectos del Inside-Out Prison Exchange Program en México Jiménez Durán José Isaac * Strickland Danielle ** Estudiante de 5° semestre de la carrera de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales en el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), campus Guadalajara, México. Correo electrónico: jospi_00@hotmail.com Colegio Libre de Estudios Universitarios Colegio Libre de Estudios Universitarios Guadalajara Mexico electrónico: jospi_00@hotmail.com Doctora en Ciencias sociales. Profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Guadalajara, y coordinadora del Inside-Out Prison Exchange Program en México. Correo electrónico: danielastrickland@hotmail.com Universidad Pedagógica Nacional Universidad Pedagógica Nacional Guadalajara Mexico danielastrickland@hotmail.com Jan-Jun 2018 9 16 00 00 Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Resumen

Este texto inicia con un análisis crítico de los principales problemas en el sistema penitenciario en México. Enseguida, aborda el tema de las ofertas educativas para las personas privadas de la libertad en el país, para llegar a una presentación del caso específico vivido por los autores de este artículo, mediante el Inside-Out Prison Exchange Program en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, durante el primer semestre de 2017. El texto termina con algunas reflexiones respecto al posible alcance de Inside-Out en Latinoamérica y, en general, sobre la importancia de la educación para combatir las altas tasas de reincidencia y el contexto de delincuencia que favorece el delito.

Palabras claves: educación en prisión sistema penitenciario reincidencia reinserción social Reclusorio Metropolitano corrupción
Introducción

Después de un análisis sobre el estado actual del sistema jurídico mexicano durante el primer seminario del Inside-Out Prison Exchange Program, impartido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, se planteó a los estudiantes la pregunta: ¿Cómo te sientes, empoderado o desempoderado? Al explorar varios temas de seguridad pública, la garantía de derechos y la reinserción social, algunos de ellos se sintieron empoderados por los nuevos conocimientos adquiridos y la ampliación de su visión respecto a las problemáticas enfrentadas en este campo. Por otro lado, hubo quienes se sintieron desempoderados o desesperanzados al reconocer la magnitud de la corrupción, la impunidad y la ineficacia del sistema. Con un grupo compuesto por ocho estudiantes universitarios y diez personas privadas de su libertad (PPL), los diálogos y debates sobre la manera en que el Estado responde al incumplimiento de la ley producen reflexiones profundas, inalcanzables en otros espacios académicos.

En este artículo, abrimos con un retrato del contexto actual del sistema penitenciario a nivel nacional y estatal; abordamos algunas de sus principales problemáticas y las respectivas respuestas de las autoridades. Luego describimos las ofertas educativas para las personas privadas de libertad en México, para entrar a una presentación del caso específico vivido por los autores de este artículo: un curso del Inside-Out Prison Exchange Program en el Reclusorio Metropolitano. Cerramos el texto con algunas reflexiones respecto al posible alcance de Inside-Out en nuestro país y la importancia de la educación en general para la efectiva reinserción de las personas privadas de libertad.

El contexto del sistema penitenciario en México

Actualmente, el sistema penitenciario mexicano atraviesa por un proceso de cambio interesante debido a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, del cual se espera ayude a mitigar en gran medida las problemáticas de los centros penitenciarios. Ciertamente, la correcta aplicación de este nuevo sistema sí ayudará a erradicar algunas situaciones negativas que aquejan a nuestras cárceles, pero hay otras como el autogobierno, la corrupción y los problemas de infraestructura, que no podrán mejorar, a menos que las autoridades competentes intervengan de manera efectiva y contundente. Enseguida abordaremos algunas de las principales fallas en el sistema señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP): la sobrepoblación de PPL y la ausencia de clasificación por perfil criminológico, el autogobierno, la corrupción y los malos tratos, así como la falta de recursos.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)

Este diagnóstico, realizado cada año por la CNDH mediante visitas constantes a los centros penitenciarios del país, evalúa y emite recomendaciones a los centros penitenciarios en torno a cinco aspectos principales:

Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno

Aspectos que garantizan una estancia digna

Condiciones de gobernabilidad

Reinserción social del interno

Grupos de internos con requerimientos específicos

Dichos rubros sirven para señalar problemáticas específicas de cada centro y para generar la estadística considerada en la evaluación. Por cada uno de estos aspectos la CNDH otorga una calificación entre 0-10, la cual permite hacer un comparativo de los centros penitenciarios del país.

El DNSP evalúa al estado de Guanajuato con la mejor calificación del país, otorgándole un promedio de 8.02, el único estado con calificación por encima de ocho. A su vez, el estado de Nayarit recibe la calificación más baja, con un promedio de 4.11. Lo relevante de este diagnóstico es que hay 13 estados reprobados con promedios por debajo de 6 puntos; son 12 estados los que su calificación ronda entre 6 y 7 de promedio y solo seis estados superan el 7 (CNDH, 2015). Con estos resultados, quedan descubiertas claramente las problemáticas de los centros penitenciarios del país y dejan en evidencia el nivel de abandono que vive nuestro sistema penitenciario.

En lo que respecta al promedio de los cinco centros evaluados en Jalisco, presentados en la tabla 1, el estado obtuvo una calificación promedio de 6.90. A pesar de que Jalisco obtuvo el octavo lugar en el DNSP, es de llamar la atención que los tres peores centros evaluados del estado se encuentren dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, y que estos son los más grandes de la entidad. Inclusive, vemos al centro para sentenciados con una calificación reprobatoria debido al pobre nivel de gobernabilidad y a los casi nulos aspectos que garanticen la integridad física y moral de las PPL.

Calificaciones del DNSP de los centros penitenciarios en Jalisco

La evaluación detalla amplios problemas en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado, entre los cuales resaltan la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de programas de reinserción y de desintoxicación, infraestructura deteriorada, falta de personal, falta de clasificación de PPL, violaciones a los derechos humanos, falta de supervisión y la realización de actividades ilícitas.

Las consecuencias de la sobrepoblación en las cárceles

La sobrepoblación penitenciaria tiene su origen principalmente en el enfoque de privación de la libertad de nuestras leyes. Hasta la reciente puesta en operación del nuevo sistema, cualquier conducta delictiva, antisocial y hasta faltas administrativas eran castigadas con prisión. Esto, sumado al lento avance de los procesos judiciales -en los que un sujeto podía esperar años a que se le dicte sentencia-, ocasionó una explosión demográfica en la mayoría de los centros penitenciarios del país. En 1992, existían en el país 85 mil PPL; para 2011 la población se había triplicado, alcanzando una cifra de más de 240 mil personas en prisión (Carbonell, 2012). Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para 2015 la cifra de PPL a nivel nacional llegó a 250,539. Estos datos quizá no son tan alarmantes por sí solos, pero si consideramos que la capacidad máxima del sistema penitenciario mexicano es de 206,379 personas, es claro que nuestras cárceles están por encima de su capacidad, lo que ocasiona otros problemas.

La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, así como de los medios alternos de justicia, tienen el potencial de disminuir la población penitenciaria progresivamente en los próximos años; sin embargo, existe un problema cultural que detiene la eficacia de este sistema. La cultura mexicana, una cultura penalizadora, ha provocado en la población y particularmente en aquellos que son víctimas de un delito, que sientan que la única manera de reparar el daño o lo perdido por los delitos, sea viendo a los infractores tras las rejas; es decir, ver encerrado a aquel que le ocasionó un menoscabo genera un sentido de venganza o satisfacción.

Este deseo de venganza se relaciona con el miedo colectivo de las y los ciudadanos, que propician los medios de comunicación. Rossana Reguillo argumenta que la obsesión de los medios por la delincuencia ha propiciado la evolución del miedo, de una emoción producida por amenazas concretas a una “omnipresencia” imposible de contener (2002: 199). Por eso, cada vez es más necesario poner una cara al origen del miedo o la amenaza. Los medios de comunicación le ponen la cara: comúnmente la de un joven, pobre, de tez morena; los mismos rasgos que se encuentran en gran parte de la población de PPL en el país. En otras palabras, la violencia reportada por los medios de comunicación “patologiza a los pobres como ‘otros’ peligrosos, legitimando la represión carcelaria de tolerancia-cero a nombre de la seguridad pública y retribución moral” (Karandinos, et al., 2015: 69).

El identificar la amenaza como ‘el otro’ ha servido como una estrategia política para asegurar votos; sirven como caras causantes de la inseguridad, y el sentido de miedo generado por estas caras fácilmente se convierte en odio. Paralelamente a ese odio, sentimos una solidaridad con las víctimas de los supuestos agresores. Como explica Reguillo (2002), este sentido de solidaridad comunitaria rompe la dicotomía víctima-victimario y genera una relación terciaria.1 La autoidentidad como ‘posibles víctimas’, dominada por el sentido de miedo y el odio por el ‘otro’, entrelaza a la población aún más en el tejido social de la delincuencia.

Mientras las normas nacionales incluyen medios alternativos de justicia como la mediación y reuniones de restauración o conferencias comunitarias, estos son poco utilizados (Pérez y Zaragoza, 2011). A la par, existe una saturación de casos pendientes en los juzgados, por lo que gran parte de la población de PPL no ha sido sentenciada, sobre todo aquella a la que le faltan recursos para pagar su defensa. A nivel nacional, menos de 60% de la población penitenciaria ha obtenido sentencia (Azaola, 2009). Además, 25% están presos por robos con un valor menor a mil pesos y solo 4% de la población penitenciaria del país es de “alta peligrosidad” (ídem). Así, podemos argumentar que las cárceles mexicanas están llenas de pobres, mientras la mayoría de los criminales peligrosos sigue en la calle.

Desde hace años, los centros penitenciarios de nuestro país están rebasados en su capacidad, una situación que parece preocupar poco al Estado, por lo que las soluciones a este problema se ven aún lejanas. En México las prisiones “tienen un sobrecupo, en promedio, de 40%; sin embargo, hay estados cuya población penitenciaria supera en más del 100% su capacidad instalada” (idem: 111). Quizá el nuevo sistema de justicia penal ayude a mitigar la problemática, pero a un ritmo demasiado lento.

La sobrepoblación ocasiona grandes hacinamientos en nuestros centros penitenciarios, ya que las celdas pueden llegar a tener una población hasta diez veces mayor de su cupo máximo, generando condiciones insalubres, peleas por los espacios privilegiados, el cobro por acceder a un mejor espacio para dormir, que los internos en su afán por conseguir un mejor lugar para su estancia se adhieran a grupos delictivos dentro de la prisión, además de que todas estas condiciones sirven de freno para una correcta reinserción (La policiaca, 2012, 17 de diciembre).

Por otra parte, a menudo falta la debida división de las PPL según el crimen cometido. Es decir, en una misma población, y hasta en un mismo dormitorio, se da el caso de que se encuentren personas en proceso penal y personas ya sentenciadas, personas que cometieron homicidio y otras que cometieron robo. De esta forma pueden convivir diariamente personas que de manera clara están involucradas en el crimen organizado con personas que cometieron delitos culposos. Esta situación propicia muchas veces que aquellos que cometieron delitos leves, a través de esta convivencia, frenen y hasta imposibiliten su reinserción ya que comienzan a aprender nuevos delitos y cómo cometerlos. Como estrategia de sobrevivencia, las personas privadas de su libertad por delitos menores comúnmente se asocian con miembros del cártel al frente del autogobierno del centro y otros líderes dentro de la población recluida. Tales relaciones tienden a resultar en compromisos y vínculos para su involucramiento en el crimen organizado cuando salen de la prisión (Pérez y Zaragoza, 2011).

Esta problemática se puede dar por varios motivos: en menor medida se debe a la falta de capacitación del personal penitenciario, que no logra determinar correctamente la peligrosidad del individuo para su debida clasificación; de mayor relevancia es la falta de espacios para recluir a las personas, pues es difícil hacer la separación adecuada de las PPL debido a que la asignación de centro penitenciario, del módulo y la celda obedecen más al espacio disponible que a la clasificación del delincuente.

Autogobierno, corrupción y malos tratos

El autogobierno es uno de los males que azotan y someten al sistema penitenciario. Es bien sabido que los centros penitenciarios en México están controlados parcial o totalmente por miembros de cárteles de la droga, los cuales, al enterarse del ingreso de un nuevo interno, deciden su ubicación a fin de beneficiarlo o perjudicarlo. Además, según los estudiantes internos de los cursos de Inside-Out, son capaces de pedir traslados de las PPL de un centro hacia otro y hasta controlar las decisiones de los juzgados para reducir o prolongar la estancia de una persona en la prisión.

Recientemente llegó un video al periódico Milenio de una ‘Narcofiesta’ del autogobierno en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, donde se ve la presencia de tres grupos musicales externos, bebidas alcohólicas, un banquete y la total ausencia de custodios.2 El poder de los cárteles continúa al rebasar las capacidades del gobierno no solo en el sistema penitenciario sino, en general, en temas de seguridad pública y justicia. Parece no haber forma de erradicar los autogobiernos ya que los cárteles se nutren de los negocios fuera de las prisiones. Primero sería necesario lograr cierto control sobre las actividades del crimen organizado fuera de las prisiones, para después asfixiar a los autogobiernos que controlan gran parte de las normas penitenciarias en el país.

La problemática de la corrupción está íntimamente ligada al autogobierno y a los cárteles de la droga, ya que son estos los que someten el sistema a su manera de dirigir los centros. El personal penitenciario se encuentra en un predicamento ya que en ocasiones estas organizaciones amenazan su vida o la de sus familiares para infundir el terror y obtener los beneficios y el poder que desean. Para un custodio, permitir un acto prohibido puede llevarle a ganarse un beneficio económico o a perder la vida, por lo que es evidente la manera en que responderá a la solicitud.

El día 15 de junio de 2017 salió en las noticias un caso que quizá sea un ejemplo claro de este predicamento que vive el personal penitenciario. Según los noticieros, alrededor de las 12:30 pm, cuatro custodios del CEFERESO de Puente Grande fueron atacados a balazos mientras compraban víveres en una tienda cerca del penal federal (Luna, 2017, 15 de junio). Se informó que uno de ellos había perdido la vida, otros dos estaban muy graves y otro en estado regular. De los agresores, se supo que viajaban en automóvil blanco con placas de Nayarit, y a su vez se pudo identificar que la agresión fue realizada utilizando armas de alto calibre (Ídem.). La línea de investigación de este ataque tendrá que comenzar en el interior del CEFERESO. Al haber sido utilizadas armas de alto calibre, se puede suponer que algún cártel está involucrado en el atentado, y al haber sido dirigido a personal de un reclusorio de máxima seguridad, probablemente las razones del ataque se basan en algún desacuerdo entre custodios y personas del autogobierno de la prisión.

Actos de este tipo, en contra de los servidores públicos, generan miedo y dudas en el personal penitenciario respecto a cumplir con su trabajo y las órdenes dadas por sus superiores. Estas historias ilustran la profundidad de la corrupción en la cultura penitenciaria en el interior de los reclusorios, pero también con alcances más allá de las prisiones, en los juzgados, las fiscalías y los tribunales.

En lo que se refiere a los malos tratos de las PPL, estos obedecen en buena medida al sentir popular de la necesidad de castigar severamente a los presuntos delincuentes, como hemos podido observar con la poca aceptación de los métodos de justicia alternativa en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), con los actos de autojusticia, que al ser identificados por ciudadanos son golpeados brutalmente y hasta llevados a la muerte (véase por ejemplo El Universal, 2015, 27 de octubre; Jalisco Rojo, 2017, 22 de mayo), lo que ha generado un falso sentido de bienestar en la sociedad, pensando que se libró de un mal.

De las 76,469 denuncias en Guadalajara en 2016, más de 28% se trataron de asuntos mediables que podrían ser tratados con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) (Zepeda, 2017). Los MASC son particularmente relevante en Jalisco al ser uno de los cuatro estados del país con mayor saturación de los Ministerios Públicos (MP), ya que cada uno recibe en promedio 645 casos al año (ídem). Sin embargo, y tal vez por sentimientos de venganza, como hemos mencionado, pocas víctimas aceptan la propuesta de que su caso sea tratado con los MASC. Sería bueno analizar por qué hemos llegado a justificar la violencia en estas situaciones y porqué tanta gente busca la venganza antes que la reparación del daño, algo que va en contra de nuestras leyes y las convenciones internacionales firmadas por México.

La sociedad carece de conocimientos en cuestión de garantías individuales y derechos humanos. Con respecto a las PPL, habría que dar una amplia difusión para conscientizar a la población de que el hecho de estar recluido por la comisión de un delito solo te priva de dos derechos: el derecho a libre tránsito y el derecho al voto; los demás derechos siguen intactos y deben hacerse valer. Es lamentable que la sociedad acepte la idea de que estar preso priva de todos los derechos y con el reo se puede hacer lo que sea. El alcance limitado de las instituciones que velan por los derechos de las PPL provoca que los malos tratos a esta población sean una práctica recurrente, no solo por parte de los custodios en los penales, sino desde policías aprehensores, policías judiciales, ministerios públicos, policías procesales y aquellos en los que recae la custodia de estas personas. Harían falta campañas en defensa de los derechos de las PPL para hacer presión y atraer la atención de las autoridades en esta problemática, además de que es indispensable capacitar en materia de derechos humanos a las policías y funcionarios que laboran en la impartición de justicia.

Falta de presupuesto, falta de compromiso

En las instituciones gubernamentales, hablar de dinero siempre ha sido un problema. En lo correspondiente al presupuesto entregado al sistema penitenciario, tenemos un retroceso enorme ya que la cantidad destinada a este rubro ha venido disminuyendo desde 2015: para este año el presupuesto fue de 19,374.8 millones de pesos; en 2016 se destinaron 18,308.9 millones de pesos; y para este 2017 el monto asignado al sistema penitenciario fue por la cantidad de 16,615.3 millones de pesos (Hernández, 2016). Con la carencia de insumos básicos para las PPL,3 la corrupción y falta de transparencia en los gastos de estos fondos, no es difícil darse cuenta que nuestros centros penitenciarios están en riesgo de colapsar económicamente, o bien caer sometidos completamente al control de los cárteles, los cuales aportan gran cantidad de dinero en la economía de los reclusorios para su sustento (El Observador, 2016, 12 de febrero).

La alternativa para mitigar las repercusiones de esta disminución de ingreso a los centros penitenciarios sería la creación de instituciones carcelarias autosustentables, que funcionen como industrias o centros de trabajo. Con este modelo, las PPL trabajan para obtener ganancias para ellos y sus familias, y a su vez dan un beneficio a la prisión (Matthews, 2011). Mientras hay algunas excepciones como Punta de Rieles en Uruguay (Porciuncula, 2017), muchas de las prisiones privadas son reconocidas por sus precarias condiciones y extremas violaciones de los derechos humanos (Wessler, 2016).

Si bien las cárceles del país están a cargo del Poder Ejecutivo, quien sería el primer responsable de la situación que se vive en nuestras cárceles, el Poder Judicial tiene facultades que podría utilizar para presionar a los centros penitenciarios a mejorar las condiciones para las PPL. Existe un antecedente en California, donde un tribunal preocupado por las condiciones en que se encontraban las cárceles de aquel estado, les puso un ultimátum, advirtiendo que de no mejorar sus centros comenzaría a otorgar la libertad a PPL con penas menores con la finalidad de reducir drásticamente la población (Carbonell, 2012). ¿Qué pasaría si los juzgados en nuestro país comenzaran a liberar a aquellos infractores de delitos leves?, dado que la mitad de las PPL están presas por robos valorados debajo de $6,000 pesos (Azaola, 2009); solo podemos imaginar el efecto que tendría en el sistema penitenciario y la sociedad en general.

La educación en el sistema penitenciario de México

El Artículo 18 constitucional, párrafo segundo, señala a la educación como uno de los ejes primordiales para la reinserción, por lo cual debería de ser accesible para toda la población penitenciaria. Sin embargo, hoy en día la educación en los centros penitenciarios parece ser más un privilegio para algunos que un derecho. El acceso a la educación es limitado debido a la escasez de programas y recursos en la mayoría de los centros, así como por la sobrepoblación de PPL. Aquí es importante reiterar cómo la normatividad nacional señala que las PPL solamente pierden dos derechos al entrar al sistema penitenciario: el derecho a libre tránsito y el derecho al voto. Por ende, falta promover la comprensión de la educación “como derecho, no como un ‘beneficio’ y haga de la cárcel […] un espacio social que dañe menos a quienes la habitan” (Scarfó y Aued, 2013: 90).

En México solo existe un programa de educación superior presencial en el sistema penitenciario, mismo que opera exclusivamente en cárceles de la Ciudad de México. El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal (PESCER) nació de un convenio entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), firmado en diciembre de 2004 (Bidault, et al., 2006). PESCER es “el primer y único programa a nivel nacional que ofrece a la población penitenciaria clases presenciales de Educación Superior así como actividades de difusión cultural y extensión universitaria” (ídem: 323). El proyecto inició con dos grupos piloto en 2005 -uno en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla y el otro en la Penitenciaría del Distrito Federal- y ahora opera en varios centros penitenciarios de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), ofreciendo tres licenciaturas: Derecho, Ciencia Política y Administración Urbana y Creación Literaria, “siendo Derecho, la de mayor demanda, representando 84 por ciento […] La situación legal de los estudiantes explica por sí misma estos porcentajes” (ídem: 324).

En general, los reclusorios ofrecen educación básica y media superior, a menudo aprovechando a las mismas PPL con estudios para fungir como asesores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INNEJAD) y otros programas de educación abierta, y así reducir costos de personal en el área escolar. Tal es el caso en los centros penitenciarios de Jalisco, con excepción al proyecto piloto de Inside-Out.

¿Escuela del crimen?

Si bien sabemos que en la mayoría de las cárceles de nuestro país operan células delictivas que influyen en la toma de de cisiones respecto a lo que sucede en el interior de los centros, hay que reconocer que el poder de estos grupos también contribuye a que los centros penitenciarios se vuelvan escuelas del crimen. Frecuentemente, aquellos que están por primera vez en reclusión, llamados primodelincuentes, con cargos de delitos menores, son reclutados por los miembros de los cárteles para que trabajen para ellos ya sea dentro o fuera de prisión, aprovechando que estos saldrán pronto. Para el primodelincuente, aceptar esta oferta representa tener una buena estancia en prisión, beneficios económicos, protección, pero en ocasiones se ven sin alternativa al ser amenazados con hacerles daño a ellos o a sus familias (Pérez y Zaragoza, 2011). Como argumentó un alumno interno de alto mando en el principal cártel del estado, en uno de sus ensayos de reflexión para el primer seminario de Inside-Out en el Reclusorio Metropolitano, “La vida en la prisión […] es como si te fueras a un retiro. La frase con la que se le llama a la prisión como la ‘Universidad [del Crimen]’ lo dice muy bien. Es como un internamiento fuera de tu lugar de origen, vas a aprender más acerca de lo que sabes y a perfeccionar otras características personales y negocios que no sabías”.

<italic>Inside-Out</italic> Prison Exchange Program

Inside-Out es un modelo que combina la educación formal con una experiencia de intercambio sociopedagógico entre estudiantes universitarios e internos del sistema penitenciario. Es decir, guiados por una profesora capacitada, las y los estudiantes externos y las PPL conviven como compañeros de aula y de estudio, y permiten reducir barreras sociales, así como promover experiencias de aprendizaje transformativas y desarrollo académico en ambos grupos.

Actualmente, Inside-Out opera en más de 100 universidades y prisiones en 41 estados de Estados Unidos, así como en Canadá, Inglaterra y Australia. Desde 1997 han participado más de 22 mil estudiantes en el programa, y más de 600 profesores han sido capacitados para llevar a cabo el modelo que ha recibido varios reconocimientos y premios internacionales.

Puente Grande, Jalisco, es el primer sistema penitenciario en Latinoamérica que ofrece el programa Inside-Out. Comenzó a operar en México en 2016 en el Centro de Readaptación Social Femenil de Jalisco, con estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Guadalajara, una estudiante de psicología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y una profesora de la Universidad de Guadalajara (UDG). Desde entonces, el modelo de Inside-Out ha sido replicado semestre a semestre con la profesora de la UDG y con estudiantes de varias carreras de ciencias sociales (González, 2016).

El curso “Crimen, justicia e inclusión social”, impartido en el Reclusorio Metropolitano con el apoyo de UPN de Guadalajara, se llevó a cabo una vez por semana desde el 8 de febrero al 1 de junio de 2017, con 10 PPL en este centro y nueve estudiantes y profesores de la UPN, el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

<bold>El Reclusorio Metropolitano de Puente Grande e <italic>Inside-Out</italic> </bold>

Inaugurado en febrero de 2013 con una inversión de 1,700 millones de pesos, el Reclusorio Metropolitano es el centro penitenciario más moderno y más costoso del estado. Se encuentra ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco. La construcción del centro se realizó con el propósito de descongestionar la sobrepoblación de las cárceles estatales, que para 2013 se encontraban con un excedente de personas privadas de su libertad de 67%, según cifras de Luis Carlos Nájera, anterior secretario de Seguridad Pública del estado (El Informador, 2013, 19 de febrero).

Este reclusorio cuenta con la tecnología para funcionar de manera más automatizada que los CERESOS existentes. Las novedades incluyen más de 4 mil dispositivos electrónicos: 900 puertas completamente automatizadas, 500 cámaras de video, ingreso con sistema de rayos X, lector de tarjetas, un sistema de código de barreras y bolardos, un sistema de intercomunicación y un sistema detector de aparatos electrónicos (ídem). Cualquier aparato electrónico, incluyendo celulares y tabletas, debería guardarse en la caseta de vigilancia antes de pasar al estacionamiento del reclusorio.

El centro cuenta con una capacidad de 1,700 internos de peligrosidad media-alta, pero actualmente solo alberga a alrededor de 370 PPL, las cuales se dividen entre procesados y sentenciados. Para los sentenciados existen ‘celdas especiales’, con una población de aproximadamente 70 personas.4 La primera generación de Inside-Out en el Metropolitano se formó con diez integrantes de este grupo.

El Reclusorio Metropolitano se caracteriza por albergar a personas que cometieron delitos de alto impacto del fuero común, relacionados con el crimen organizado; en su mayoría los internos son acreedores a penas mayores a 20 años. Otro detalle notable de este centro es que las personas recluidas allí no utilizan el clásico uniforme beige de los demás centros, sino un uniforme naranja al estilo de las cárceles estadounidenses.

Es importante resaltar que esta prisión se rige bajo normas nacionales como la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Constitución mexicana, así como de estatutos internacionales, ya que es el único centro penitenciario en el estado acreditado por la American Correctional Association (ACA), la cual exige el cumplimiento de 137 normas para dicha acreditación (Pelayo, 2017).

Entre las áreas técnicas con las que cuenta el centro para la correcta reinserción de las PPL, están las áreas de Criminología, Atención Médica, Psicología, Trabajo Social y el área Escolar; esta última es la sede del seminario de Inside-Out. El seminario de “Crimen, justicia e inclusión social” se llevó a cabo a lo largo de quince semanas, todos los jueves de 3:30 a 6:00 p.m., en uno de los múltiples salones del área escolar. La política del centro prohíbe el contacto entre los diferentes grupos de PPL, por lo que los demás espacios de la escuela quedan desocupados durante el horario del curso.

<bold>Alcances de <italic>Inside-Out</italic> </bold>

Algo que se debe resaltar del programa Inside-Out es sobre las etiquetas y cómo este programa permite crear conciencia sobre la importancia de eliminarlas. Al inicio de este curso se da la oportunidad de enfrentar directamente estos estereotipos. Los externos llegamos con estas ideas, debido en parte a lo que escuchamos al hacer mención de que asistiríamos a un curso dentro del reclusorio: “¡No inventes, ahí están puros narcos, homicidas y secuestradores!”, “Son puros delincuentes de alta peligrosidad”. Ciertamente, estos comentarios generaron la preocupación de las y los alumnos externos respecto a la seguridad, puesto que no sabíamos cómo sería la interacción con los compañeros internos y bajo qué condiciones. En la primera sesión buscábamos hasta adivinar qué delitos habían cometido nuestros compañeros internos, escuchábamos su forma de hablar, si eran agresivos, su complexión, etc. Con la política de semianonimato del programa está prohibido utilizar apellidos en el curso, eliminado la posibilidad de resolver nuestras dudas con el apoyo de “san Google” al recuperar nuestros aparatos electrónicos a la salida del reclusorio.

Por su parte, los compañeros internos también entraron con preconcepciones sobre los externos. Contaron que al inicio esperaban que las y los estudiantes universitarios, sobre todo los de criminología, entraban al curso con el propósito de “estudiarles como criminales”. Relacionaron sus ideas con las visitas de estudiantes a los CERESOS, en las que la mayoría del grupo interno había participado antes de ser trasladados al Metropolitano. En esos recorridos se buscaba que las y los estudiantes entendieran el funcionamiento de los centros penitenciarios, pero según los compañeros internos parecían visitas turísticas o visitas a un zoológico, haciéndoles sentir que las PPL eran la atracción. En esta nueva experiencia, expresar los estereotipos del grupo interno hacia las y los estudiantes externos al inicio del semestre, contribuyó a superarlos.

Las primeras sesiones con los dos grupos de estudiantes integrados (internos y externos) se basaron en actividades rompehielo, justamente con la intención de superar estas etiquetas y reconocer a los demás integrantes del seminario como seres humanos y compañeros de aula, sobre cualquier otra característica. Las dinámicas nos permitieron darnos cuenta de que tanto compañeros internos como externos compartimos gustos y experiencias, y que somos más parecidos de lo que pensábamos, situación que derrumbó en gran parte las etiquetas que existían entre nosotros.

La rapidez con la cual los prejuicios fueron desapareciendo refleja una de las grandes bondades del programa. Con el diálogo personal entre estudiantes y las actividades en grupos de tres o cuatro personas, comenzamos a percibirnos más como compañeros, como personas, como si estas dinámicas hubiesen causado un proceso humanizante en todos nosotros. Aun cuando algunos decidieron compartir los motivos de su reclusión -algo no recomendado por el programa, pero tampoco prohibido- las etiquetas no se volvían a utilizar; seguimos viéndolos como personas iguales a nosotros, sin enfocarnos en los errores que habían cometido. Eliminar las etiquetas entre nosotros ayudó a valorar mucho lo que todos los compañeros expresaron respecto a su experiencia con el sistema de justicia, y a su vez generó cierta confianza y apertura para hablar sin censura de las problemáticas actuales del sistema penitenciario.

Respecto al alcance de Inside-Out para los estudiantes internos, en varios casos se notó un cambio significativo en su manera de ver su caso personal y las posibilidades para su efectiva reinserción. Este se refleja en la colaboración de los compañeros internos en el Cuaderno de Reflexiones que se repartió al final del semestre. En palabras de uno de ellos:

Inside-Out fue una gran oportunidad para aprender sobre una problemática tan importante que nos aflige hoy en día a todos en este país y por la cual se tiene que buscar una solución el cual mejore esa situación que cada vez se sale un poco más de control. Me refiero a una solución para disminuir los delitos, disminuir la sobrepoblación en cárceles, disminuir la violencia, ofrecer mejores oportunidades para los jóvenes y mayores que no los hagan recurrir a la delincuencia, mejores leyes para beneficio de todas las personas, incluso quienes están privadas de su libertad. Este curso para mí fue algo que me interesó desde el primer día en el que estuve presente, ya que es una temática muy importante. Doy gracias a los participantes tanto interiores como exteriores por ser parte de esto, pero sobre todo por dejarme ser y aprender de esto.

El programa sirve para conscientizar ampliamente a las y los estudiantes con respecto a todo lo que implica el sistema carcelario, la ejecución de las penas y la justicia alternativa. Algo muy importante es la perspectiva de la sociedad hacia los internos y las etiquetas sociales que son puestas a estas personas durante y después de su reclusión. Otro compañero escribió:

Inside-Out me enseñó que hay personas que están luchando desinteresadamente por promover los derechos humanos que están desvalorizados para nosotros en reclusión. Gracias a programas como este, vemos el sistema carcelario desde otra perspectiva, que se puede lograr el trato digno y la convivencia entre nosotros y el sistema, y podemos llegar a ser personas que aporten algo a la sociedad a la que pertenecemos.

Uno de los temas abordados en el curso, que resultó de mayor interés para los compañeros internos, fue el de la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Ellos mismos expresaban que estos tipos de justicia podrían ayudar mucho a disuadir gran parte de los delitos menores y, por ende, reducir la población carcelaria ya que existe mucha gente en reclusión por estos motivos. La justicia alternativa puede enseñar a los infractores que su conducta, además de ser incorrecta y dañar directamente a la víctima, tiene efectos colaterales que dañan a todo el entorno en el que se desarrolla. La justicia alternativa y la restaurativa tienen el potencial de conscientizarlos de sus errores y detenerlos a tiempo, antes de envolverse en una vida delictiva.

Además del anterior, entre otros temas que resultaron de mucha relevancia para los compañeros internos, destacan algunos como la ejecución de las penas, la reinserción social y la reparación del daños como medio de retribución. Como expresó un compañero durante la ceremonia de clausura del curso:

Me llevó mucho a conscientizar; el hecho de que cuando hacemos daño por la comisión de un delito jamás nos damos cuenta de las etapas que pasan las víctimas para recuperar una parte de lo que les es arrebatado. Entender esto, sin duda me hizo recuperar una parte de lo humano que había perdido.

El grupo de estudiantes externos de este seminario coincidió en que Inside-Out representa una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, en gran medida por la oportunidad de haber sido parte de un programa piloto en América Latina.

Entre las experiencias más importantes estuvo la de analizar el sistema penitenciario desde las diferentes perspectivas traídas por un grupo tan diverso. Que las y los estudiantes de criminología pudieran compartir puntos de vista con estudiantes de intervención educativa, sociólogos, una psicóloga y varios internos con licenciaturas de distintas disciplinas como derecho y administración de empresas. Sin embargo, lo más enriquecedor fue el diálogo con los compañeros privados de su libertad respecto a sus vivencias dentro del sistema penitenciario. En las palabras de un compañero externo:

La experiencia de Inside-Out fue única en lo referente a educación ya que rompió muchas barreras tanto sociales como personales respecto al ser estudiante, al trabajo comunitario dentro del aula de clases y la perspectiva sobre la prisión y la educación. El compartir aula con personas tan diferentes entre nosotros enriqueció los temas y la perspectiva de justicia que tenía. Después de esta experiencia me cuesta trabajo pensar la educación con sujetos homogéneos. Creo que la inclusión de sujetos tan distintos en diferentes contextos es una de las claves para pensar en un sistema educativo diferente y prometedor.

Un elemento fundamental de la pedagogía de Inside-Out es el uso del círculo. Siempre nos sentamos en círculo, que ayuda a reducir jerarquías y diferencias percibidas entre el grupo. Claro que era difícil ignorar los uniformes naranja en contraste con la ropa negra requerida para los externos, pero con el tiempo fue menos notoria la diferencia entre los dos grupos. La diversidad de enfoques del grupo generó debates con puntos de vista tan variados, que era común que uno cuestionara la validez de su propia opinión. En suma, uno de los beneficios de Inside-Out es compartir las distintas formas de pensar y llegar a conclusiones bien fundamentadas o profundizar en la complejidad de las problemáticas.

Una de las deficiencias de muchos programas de ciencias sociales es basar la educación estrictamente en lecturas académicas, sin constatar si el contexto real es congruente con los planteamientos de los autores. En especial en la carrera de criminología, el estudio de las conductas antisociales se basa particularmente en los postulados de investigadores, a menudo extranjeros, cuestión que no garantiza que sus premisas sean adecuadas a la realidad actual de nuestra sociedad. Ahora bien, haber explorado el temario de este curso en un espacio académico donde compartimos las opiniones y aportaciones de infractores de la ley, enriquece enormemente el conocimiento de las y los estudiantes, promoviendo la adecuación de los postulados mencionados anteriormente a esta problemática actual.

Escuchar las experiencias de los compañeros internos como víctimas del sistema penal -así como algunas experiencias como victimarios en los crímenes que cometieron- permite una profundización en el aprendizaje que no se puede alcanzar por ningún otro medio. Para las y los estudiantes de criminología, esta experiencia fue de gran relevancia tanto personal como académica, porque en la criminología el principal objeto de estudio es el delincuente y su entorno, situación que ha provocado la deshumanización de los infractores de la ley, atribuyéndoles el carácter de objetos inanimados, y que en nuestra percepción se genere la separación del ser humano y la conducta delictiva. Esto nos lleva a desensibilizarnos y olvidemos que estamos estudiando a personas. Estar en esta convivencia con nuestro ‘objeto de estudio’, viendo cómo ellos mismos aportan sus experiencias y su percepción de los diferentes temas, ayuda a reconocer la necesidad de analizar las situaciones inherentes a la naturaleza humana en un caso, antes de estudiar estas conductas como actos que van en contra de la sociedad.

Inside-Out es una herramienta que da voz a aquellos que el sistema ha dejado mudos. A través de las sesiones, los temas fueron nutridos ampliamente por las vivencias de los compañeros en reclusión y dejó al grupo de estudiantes externos con el cuestionamiento de cómo hubiera sido su experiencia de formación académica sin este programa, limitándose a estudiar mediante lo que alguien más investigó, casarse con postulados que alguien más generó y, sobre todo, estudiar la conducta delictiva sin tener la oportunidad de escuchar y preguntar a estas personas, antes de titularse como licenciado(a) en criminología. Sin duda, Inside-Out es un complemento enorme a cualquier programa de licenciatura dentro de las ciencias sociales.

Otro tema clave en el curso, y que realmente causó una gran conmoción en la mayoría de los compañeros, fue cuando analizamos el sistema de impartición de justicia en todos sus niveles: policías, ministerios públicos, abogados de oficio, jueces y legisladores. En esta actividad formamos grupos en los que se encontraban estudiantes internos y externos; cada grupo analizó una de las partes del sistema y trató de explicar la situación actual, tomando en cuenta puntos a favor y en contra, qué hacían bien y qué hacían mal, sus alcances, recursos, etc. Lo interesante de esto fue que, al exponer cada grupo su parte correspondiente y volver a juntar todo lo analizado, encontramos situaciones alarmantes en las que la mayor parte del sistema de impartición de justicia está fallando, y más por la forma de llevar a cabo el nuevo sistema de justicia penal. Las policías trabajan sin recursos y con capacitación muy limitada; los ministerios públicos carecen de la capacidad de investigar correctamente los delitos; los abogados de oficio parecen ser cómplices de los ministerios públicos, olvidándose de su rol como defensores de los indiciados; en ocasiones los jueces se muestran apáticos y deciden no involucrarse ni analizar correctamente los casos en los cuales darán su resolución; y a nuestros legisladores se les olvida que para legislar sobre un tema hay que conocerlo y tratar de subsanar todos los efectos de esta nueva ley. Contemplar un sistema con tal grado de ineficiencia hace que cualquier ciudadano desconfíe de las autoridades, decida dejar de denunciar y tome la justicia por su propia mano, o hasta confíe su seguridad a grupos delictivos en lugar de la policía.

Cerramos esa sesión de final del curso preguntándonos: ¿empoderado o desempoderado? ¿Cómo te sientes ahora que sabes que nuestro sistema de justicia tiene tantas deficiencias, que existe gente en prisión, no por cometer un delito sino por no haber tenido los recursos para una defensa digna, conociendo a gente recluida por robar algo para saciar su hambre, mientras tanta gente que comete delitos más graves queda impune por sus influencias? Este ejercicio de análisis y reflexión, a la mayoría nos hizo sentir desempoderados y desconfiados de nuestras autoridades. Desde entonces hemos pensado mucho en cómo se llegó a niveles tan altos de corrupción, impunidad y egoísmo. Hemos podido constatar en nuestras propias colonias que la desconfianza a las autoridades es tal, que el líder local de la “plaza” llega a ser una especie de Robin Hood a quien los vecinos se acercan para solucionar conflictos de delincuencia. Hoy pareciera que estos capos locales tienen el mismo poder que las autoridades, si no es que más. Ahora nos preguntamos, ¿los grandes cárteles de la droga, con todo su poder, se han convertido en el cuarto poder en nuestra nación?

Para cerrar este artículo, queremos destacar dos bondades del programa de Inside-Out que merecen mención, aparte de las aportaciones de la experiencia ya señaladas.

Cara a cara con el delito

Además de propiciar la interacción de estudiantes y profesores de diversas carreras con personas privadas de la libertad, Inside-Out permite que participantes del exterior conozcan directamente a personas que han cometido delitos. De esta forma, la comisión de un delito adquiere un rostro y un nombre, deja de ser una simple estadística o expediente para convertirse en personas con las cuales se puede dialogar sin restricciones o presiones. Inicialmente comprendíamos los delitos cometidos por los compañeros internos como algo malo y que nos generaba temor y preocupación; sin embargo, al tener voz y rostro, se vuelven más comprensibles. De esta forma, el delito se convierte en una persona; logramos dejar a un lado la conducta antisocial en abstracto y podemos convivir y dialogar con una persona que, en estas circunstancias y gracias a la pedagogía del programa, aporta conocimientos claros respecto a la comisión de estas conductas. Como criminólogos, tenemos la oportunidad de compartir experiencias, dudas e inquietudes con los principales actores del fenómeno delictivo, situación que solo es posible por medio de Inside-Out.

Proceso humanizador

Si bien antes mencionamos que existe la posibilidad de ver frente a frente a estos compañeros que cometieron algún delito, todos pasamos por un proceso humanizador muy interesante, originado a través de la convivencia y las discusiones personales, en grupos pequeños y con todo el grupo. A mediados del semestre llegamos a un punto en el cual comenzamos a generar empatía mutua, ocasionando que la relación entre todos nosotros se estrechara y nos volviéramos verdaderos compañeros, sin etiquetas de ‘externos’ e ‘internos’ nos considerábamos como iguales. De repente nos olvidamos que estábamos dentro de un centro penitenciario y hasta los compañeros internos decían que por esas dos horas se olvidaron que estaban en reclusión.

Las y los estudiantes externos entraron con la expectativa de que este curso nos brindaría la oportunidad de conocer el Reclusorio Metropolitano y a algunos infractores de delitos de alto impacto, y terminamos conociendo a grandes seres humanos, personas como cualquier otra, gente con mucho que aportar a la sociedad y con muchas ganas de superar su situación. Terminar el curso fue un poco triste, al no poder seguir compartiendo con los compañeros y pensar que quizá ya no volvería a verlos; sinceramente, es una experiencia que no se puede olvidar tan fácilmente. Reconocemos ahora que esa diferencia que marca tanto nuestras vidas, se puede simplificar a en que sus conductas erróneas están tipificadas como delitos en una ley, y las nuestras no.

Reflexiones finales

La educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un ser humano, por lo que debe estar presente en el plan de actividades para las PPL. Además de aprender sobre la justica, el crimen y la exclusión social, en el curso de Inside-Out se logra hacer conciencia en todo el grupo sobre nuestra participación en el fenómeno delictivo. Como explicó el compañero citado arriba, a las PPL les ayudó a recuperar el lado humano que creían perdido; y a las y los externos, nos ayudó a reconocer y enfrentar etiquetas estigmatizadoras. El temario del curso -en el que se desenmascaran todos los aspectos del sistema de justicia, la delincuencia, las víctimas y los victimarios- permite concebir el efecto de sus acciones y todo aquello que se genera a partir de una conducta antisocial. La conscientización generada con Inside-Out es, sin duda, una herramienta disuasoria para futuros delitos.

Más allá de que sirva para este fin, la educación es un derecho humano que deber garantizarse a todas las PPL en los penitenciarios mexicanos. En palabras de Scarfó y Aued, “La educación tiene un fin propio en tanto derecho humano: el desarrollo integral del individuo. Debemos entender que la persona privada de su libertad es un sujeto de derechos y que debe ser el Estado el garante de su goce efectivo” (2013: 92). El efecto de buenos programas educativos como Inside-Out en las estadísticas de reincidencia, es una razón más para promover la educación como eje principal de la reinserción social.

Inside-Out utiliza un modelo pedagógico que no solo nos permite analizar las problemáticas sociales con la perspectiva de las PPL, también ayuda a superar estereotipos, eliminar etiquetas y contribuye a la humanización y la inclusión social con la conscientización transformadora de las y los participantes. Más que estudiar nuestro sistema de justicia y el sistema penitenciario, este programa trae consigo un proceso humanizador impresionante, donde ‘el delincuente’ llega a tener un rostro real y un nombre; pero antes de ser delincuente es una persona. Con esto se logra quitar la etiqueta a considerar a las PPL como iguales. Te humanizas respecto a su situación, los entiendes, te entienden, y se genera un vínculo de ser humano a ser humano, donde no hay inseguridad ni discriminación.

Actualmente, el modelo de Inside-Out opera en dos centros penitenciarios de Puente Grande: el Centro de Readaptación Social Femenil y el Reclusorio Metropolitano, que incluye aproximadamente 40 participantes por semestre. Por primera vez, en el segundo semestre de 2017 el curso del Metropolitano será ofrecido en modalidad de Diplomado de la UPN de Guadalajara. De esta forma, el certificado que se otorgue a quienes cumplan el programa exitosamente tendrá más valor curricular, tanto para estudiantes internos como externos.

Profesores de varias universidades en la ZMG, así como una colega de la Universidad Iberoamericana de Torreón, han mostrado interés en certificarse como instructores de Inside-Out. Por lo pronto, estamos gestionando fondos para ofrecer una capacitación en México y traducir el material al español. No cabe duda que el valor de Inside-Out para nuestra sociedad seguirá siendo reconocido por cada vez más gente vinculada con las universidades y el sistema penitenciario, y de esta forma llegará a transformar la vida en México y el resto de Latinoamérica a favor de la seguridad ciudadana y la igualdad social.

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Este planteamiento de Reguillo nace de la filosofía de Spinoza del siglo XVII, que habla de las fuerzas emocionales como “sujetos pre-existen tes” (Reguillo, 2002: 200).

<http://tv.milenio.com/con_puig_a_las_diez/fiesta-puente-grande-milenio-noticias_3_952734790.html>

Para detalle sobre estas carencias, véase Azaola (2009).

Datos no citados en esta sección se obtuvieron por estudiantes internos en el curso de Inside-Out y observaciones a lo largo del semestre.

Articles Empowered or disempowered? The effects of the Inside-Out Prison Exchange Program in Mexico Abstract

This text opens with a critical analysis of the main problems facing Mexico’s penitentiary system. Next it considers educational opportunities for incarcerated people in Mexico to focus on the specific case experienced by the authors of this article through the Inside-Out Prison Exchange Program in the Reclusorio Metropolitano in Puente Grande, Jalisco during the first semester of 2017. The text ends with reflections regarding the possible reach of Inside-Out in Mexico and the general importance of education to reduce the high rates of recidivism and the context of delinquency that favors crime.

Key words: prison education Mexican penitentiary system recidivism corruption Inside-Out
Introduction

After an analysis of the current state of the Mexican judiciary system during the first seminar of the Inside-Out Prison Exchange Program, conducted at the Reclusorio Metropolitano in Puente Grande, Jalisco, students were asked if they felt empowered or disempowered. When they explored issues of public security, guaranteed rights and reinsertion into society, some of them felt empowered by the knowledge learned and the broadening of their views of the problems faced in this field. On the other hand, there were those who felt disempowered or despairing at the high level of corruption, impunity and inefficacy of the system. With a group made up of eight university students and ten incarcerated people (IPL), the dialog and debates on how the State responds to those who break the law leads to deep insights that would not be achievable in other academic spaces.

This article opens with a depiction of the current context of the penitentiary system at the national and state levels, addressing some of its main issues and how the authorities have responded to them. Then we describe the educational offer for incarcerated people in Mexico, following with a presentation of the specific case experienced by the authors of this article: a course of the Inside-Out Prison Exchange Program at the Reclusorio Metropolitano in Puente Grande. We close with some reflections on the possible reach of Inside-Out in Mexico and the importance of education in general for an effective reinsertion of incarcerated people into society.

The context of the penitentiary system in Mexico

Mexico’s penitentiary system in currently undergoing an interesting process of change due to the introduction of the new system of criminal justice, which is expected to help alleviate a large extent the problems of penitentiary centers. Certainly, the correct application of the new system will indeed help eradicate some negative situations that afflict our prisons, but there are others, such as self-government, corruption, and infrastructural problems that will not improve unless the authorities involved intervene in an effective and forceful manner. We will now address some of the main flaws in the system pointed out by the Inter-American Commission for Human Rights (CIDH) in the National Diagnosis of Penitentiary Supervision (DNSP): the overpopulation of IPL and the lack of a classification by criminological profile, self-government, corruption and mistreatment, as well as the lack of resources.

The National Diagnosis of Penitentiary Supervision (DNSP)

This diagnosis, conducted every year by the CNDH through continuous visits to Mexico’s penitentiary centers, assesses and makes recommendations to penitentiary centers on five key aspects:

Aspects that guarantee the inmate’s physical and moral integrity

Aspects that guarantee a decent stay

Conditions of governability

Social reinsertion of the inmate

Groups of inmates with specific requirements

These aspects serve to point out problems that are specific to each center and to generate the statistics considered in the assessment. The CNDH gives each one of the aspects a grade from 0 to 10, which makes it possible to make comparisons between different penitentiary centers in Mexico.

The DNSP gives the state of Guanajuato the highest grades in the country, with an average grade of 8.02 making it the only state with a grade above 8. The state of Nayarit gets the lowest grade, an average of 4.11. What stands out in this diagnosis is that thirteen states got an average below 6, twelve states were graded between 6 and 7, and only six states had a grade over 7 (CNDH, 2015). These results clearly show the problems of Mexico’s penitentiary centers and evidence the level of abandonment of our penitentiary system.

As for the average grade obtained by the five centers evaluated in Jalisco and shown in Table 1, the state got an average grade of 6.90. Although Jalisco was ranked in the eighth place in the DNSP, it is noteworthy that the three worst centers evaluated in the state are within the Puente Grande penitentiary complex, and that these are the largest in the state. We even find that the center for convicted inmates had a failing grade due to its poor level of governability and the almost nonexistent guarantees of physical and moral integrity of its IPL.

DNSP grades for penitentiary centers in Jalisco

The evaluation details widespread problems in the Centers for Social Reinsertion (CERESOS) of Jalisco, among them overpopulation, overcrowding, lack of programs for social reinsertion and detoxification, deteriorated infrastructure, shortage of staff, lack of classification of IPL, human rights violations, lack of oversight, and illegal behaviors.

The consequences of overpopulation in prisons

Overpopulation in prisons is caused mainly by the incarceration-based approach of our legal system. Until the recent enforcement of the new system, any criminal or antisocial behavior, and even an administrative violation, was punished with prison terms. Added to the slow pace of judiciary processes - in which a person could have to wait years to be sentenced - this led to a population explosion in most of Mexico’s penitentiary centers. In 1992 there were 85,000 ipl in Mexico; by 2011 this population had trebled, reaching more than 240,000 people in prison (Carbonell, 2012). According to the Decentralized Agency for Social Prevention and Re-Adaptation (Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social), by 2015 the number of IPL nationwide was 250,539. These data may not seem too alarming by themselves, but if we take into consideration the fact that Mexico’s penitentiary system has a maximum capacity of 206,379 people, it becomes clear that our prisons are filled over their capacity, which leads to other problems.

The enforcement of the new criminal justice system, as well as the alternative means of justice, has the potential of decreasing the population of incarcerated people over the next few years. However, there is a cultural problem that hinders the efficacy of this system. Mexico’s penalizing culture has led people, especially those who have been the victims of a crime, to believe that the only way to make amends for the damage or what has been lost in a crime is to see the criminal behind bars; that is, to see the person who hurt them locked up generates a feeling of revenge or satisfaction.

This desire for revenge is linked to the citizens’ collective fear fostered by the mass media. Rossana Reguillo argues that the media’s obsession with crime has made fear evolve from an emotion produced by concrete threats to an “omnipressence” that cannot be controlled (2002: 199). For this reason, it is increasingly necessary to put a face on the source of the fear or threats. The face that the mass media usually gives them is that of a poor, dark-skinned young man, the most common features found among many of Mexico’s ipl. In other words, the violence reported by the mass media “pathologizes the poor as the dangerous ‘others’, legitimizing the zero-tolerance incarcerative repression in the name of public security and moral retribution” (Karandinos, et al., 2015: 69).

Identifying “the others” as a threat has functioned as a political strategy to get votes; they function as the faces that are the cause of insecurity, and the sense of fear generated by these faces can easily turn into hatred. Along with this hatred, we feel solidarity with the victims of the alleged aggressors. As Reguillo (2002) explains, this sense of community solidarity breaks the dichotomy of victim-aggressor and generates a tertiary relationship.1 The self-identification as “possible victims”, dominated by a sense of fear and hatred towards the “other”, enmeshes people even more in the social tissue of crime.

Even though Mexico’s norms include alternative means of justice such as mediation and meetings for restoration or community conferences, these are seldom used (Perez & Zaragoza, 2011). There is also a saturation of pending cases in courts, such that a large number of IPL have not been sentenced, especially those who cannot afford a private attorney. Nationwide, less than 60% of IPL have been sentenced (Azaola, 2009). Moreover, 25% are imprisoned for minor theft (less than 1,000 pesos), and only 4% of the IPL is considered to be “highly dangerous” (Ídem.). Thus, we could argue that Mexican prisons are full of poor people, while most dangerous criminals walk free.

For years now, Mexico’s penitentiary centers have been filled over their capacity, a situation that seems to be of little concern for the State, so any solution to this problem appears still distant in the future. In Mexico prisons’ “overpopulation is, on average, of 40%; however, in some states number of the incarcerated people exceeds their capacity by more than 100%” (Ídem: 111). The new criminal justice system may help to alleviate the problem, albeit at a very slow pace.

Overpopulation leads to severe overcrowding in our penitentiary centers, where cells can hold up to ten times their maximum inmate capacity, generating unhealthy conditions, fights for privileged spaces, payments to obtain a better place to sleep, and that inmates wishing to get a better place join criminal groups inside the prison, all of which hinder a proper reinsertion into society (La policiaca, December 17 2012).

On the other hand, there is often no separation of inmates according to the crime they are accused of; that is, within the same population, and even in the same dormitory, there are sometimes people under legal process and people who have already been sentenced, people who have committed homicide and people who committed robbery. Thus, people who are clearly involved in organized crime and people who committed crimes of negligence may share the same spaces every day. This coexistence often makes it harder, or even impossible, for those who committed minor crimes to be reinserted into society, because they begin to learn about new crimes and how to commit them. As a survival strategy, people who have been incarcerated for minor crimes frequently associate themselves with members of the cartel that runs the center’s self-government and with other inmate leaders. Such relationships tend to result in commitments and links for their involvement in organized crime when they leave the prison (Pérez & Zaragoza, 2011).

This problem may have different causes: to a lesser degree, it is due to the poor training of the penitentiary’s staff, who fail to determine correctly the dangerousness of an individual for a proper classification. But the most important cause is the lack of spaces for imprisonment: it is difficult to separate inmates properly because they are assigned to a penitentiary center, a module, and a cell, based more on the space available than on the inmate’s classification.

Self-government, corruption and mistreatment

Self-government is one of the scourges that afflict and subjugate our penitentiary system. It is a known fact that Mexico’s penitentiary centers are partially or totally controlled by members of drug cartels who, when they learn about the incarceration of a new inmate, decide where he will be located in order to help him or do harm to him. They are also able, according to the inmate students of the Inside-Out course, to request that inmates be moved from one penitentiary center to another, and even to control court decisions to reduce or extend an inmate’s stay in prison.

A video received recently by the newspaper Milenio shows a “Narcoparty” of the self-government in Puente Grande’s Reclusorio Preventivo, with three musical bands from the outside, alcoholic beverages, a banquet, and the total absence of guards.2 The power of cartels continues to surpass the capabilities of Mexico’s government, not only in the penitentiary system but also in justice and public security issues. There seems to be no way to eradicate prison self-government because cartels are supported by their business outside the prisons. First it would be necessary to gain some control over the activities of organized crime outside the prisons, and then weed out the self-government that controls many of the penitentiary norms in the country.

The problem of corruption is closely linked to self-government and drug cartels, since it is they who subjugate the system to their way of running penitentiary centers. The staff in these centers is in a difficult predicament, because the cartels often threaten their lives or their families’ lives to create terror and obtain the benefits and power they want. For a guard, allowing a forbidden action may entail either getting an economic gain or losing his life, so his response to such a request is predictable.

A case that may be illustrative of this predicament appeared in the news on June 15 2017. According to the newscast, around 12:30 p.m. four guards of Puente Grande’s CEFERESO (Federal Center for Social Reinsertion) were shot while buying groceries at a store near the penitentiary (Luna, June 15 2017). One of them was reported to have died, two were seriously injured, and one was in stable condition. The aggressors were reportedly driving a white car with license plates from the state of Nayarit, and used high-caliber weapons in the attack (ídem). The investigation of this attack will have to start inside the CEFERESO. If high-caliber weapons were used, it may be the case that a cartel may be involved in the attack, and if the attack was aimed at a maximum security prison staff, the reasons behind it may have to do with some disagreement between the guards and those who run the prison’s self-government.

Actions like these, directed against public officials, generate fear and doubt among the penitentiary’s staff about how they conduct their work and whether they follow their superiors’ orders. These stories illustrate how deep corruption runs in Mexico’s penitentiary culture, inside the prisons but also reaching beyond them to the courts, the prosecutors, and the tribunals.

As for the mistreatment of the IPL, it responds to a large extent to the beliefs in Mexican society about the need to punish alleged criminals severely, as we have observed with the limited acceptance of alternative justice means in the Metropolitan Area of Guadalajara (ZMG), as well as the cases in which alleged criminals identified by citizens have been brutally beaten and even killed (see for instance El Universal, October 27 2015; Jalisco Rojo, May 22 2017), generating a false sense of wellbeing in society by believing that they have rid themselves of some evil.

Out of 76,469 criminal complaints in Guadalajara in 2016, over 28% were about issues that could be mediated through the Alternative Mechanisms to Solve Controversies (MASC) (Zepeda, 2017). The MASC are particularly relevant in Jalisco, one of the four states in Mexico with the highest level of saturation of the Ministerios Públicos3 (MP), who receive an average of 645 cases a year (ídem.). However, and perhaps driven, as we have mentioned, by feelings of revenge, few victims accept the suggestion that their case be treated through the MASC. It would be interesting to analyze why we have come to the point of justifying violence in these situations, and why people seek revenge rather than reparations for the damage, which goes against Mexico’s laws and the international agreements signed by our country.

Mexican society is ill-informed about individual guarantees and human rights. In regard to the IPL, there should be greater divulgation to raise awareness in society about the fact that being imprisoned for having committed a crime only deprives a person of two rights: the right to free transit and the right to vote. Every other right remains intact and must be enforced. It is regrettable that Mexican society accepts the idea that being imprisoned deprives a person of all rights, and that an inmate can be treated as others see fit. The limited scope of institutions which look after the rights of the IPL turns bad treatment of these people into a common practice, not only by guards in prisons but also by policemen who arrest them, judiciary policemen, ministerios públicos, process policemen, and those who guard them in prison. Campaigns are required to defend the rights of the IPL, to exert pressure on and call the attention of authorities to these problems, as well as to train policemen and law enforcement officials on human rights issues.

Lack of budget, lack of commitment

In Mexico’s government institutions, speaking of money has always been a problem. In regard to the budget given to the penitentiary system there has been a huge setback, because the amount destined for it has been decreasing since 2015: the budget for this year was 19,374.8 million pesos, 18,308.9 million pesos in 2016, and for 2017 the amount assigned to the penitentiary system was 16,615.3 million pesos (Hernández, 2016). With the lack of basic provisions for the IPL,4 widespread corruption, and lack of transparency in the use of these funds, it is not difficult to come to the realization that our penitentiary centers are in risk of economic collapse or of falling completely under the control of cartels, which contribute large sums of money to the maintenance of penitentiary centers (El Observador, February 12 2016).

An alternative to mitigate the repercussions of this decrease in the budget of penitentiary centers would be to create self-sustainable prison institutions that function as both industries and places for work. With this model, the IPL work to make money for them and for their families and also raise money for the prison (Matthews, 2011). While there are some exceptions such as Punta de Rieles in Uruguay (Porciuncula, 2017), many private prisons are notorious for their poor conditions and severe human rights violations (Wessler, 2016).

Although prisons in Mexico are under the control of the Executive branch of government, who would be the first one responsible for the situation in which people live there, the Judiciary branch has faculties that it could use to put pressure on penitentiary centers to improve the IPL’s condition. There is a precedent in California, where a court concerned about the conditions in that state’s prisons sent an ultimatum warning that unless there were improvements in their centers the court would start granting freedom to IPL with shorter sentences in order to drastically reduce the number of inmates (Carbonell, 2012). What would happen if courts in our country started to release minor infractors? Since half of the IPL in Mexico are in prison for theft valued under $6,000 pesos (Azaola, 2009), we can only imagine the effect this would have on the penitentiary system and society in general.

Education in Mexico’s penitentiary system

Article 18 of the Mexican Constitution states in its second paragraph that education is one of the main axes for reinsertion into society. Education should therefore be accessible to all penitentiary inmates. However, nowadays education in penitentiary centers seems to be a privilege for some rather than a right. Access to education is limited due to the scarcity of programs and resources in most centers, as well as to the overpopulation of IPL. Here it is important to insist on how Mexican normativity points out that when they enter into the penitentiary system the IPL lose only two rights: the right to free transit and the right to vote. Hence, it is necessary to promote the view of education “as a right, not a ‘benefit’, and make the prison […] a social space that does less damage on those who inhabit it” (Scarfó and Aued, 2013: 90).

In Mexico there is only one program of face-to-face higher education in the penitentiary system, which operates only in Mexico City prisons. The Higher Education Program for Mexico City’s Social Re-Adaptation Centers (PESCER) was the result of an agreement between the Autonomous University of Mexico City (UACM) and the Mexico City Government (GDF), signed in December 2004 (Bidault et al., 2006). PESCER is “the first and only program nationwide that offers penitentiary inmates face-to-face higher education classes, as well as cultural divulgation and university outreach activities” (idem: 323). The project began with two pilot groups in 2005 - one at Santa Martha Acatitla’s Centro Femenil de Readaptación Social and the other at Penitenciaría del Distrito Federal - and now operates in several penitentiary centers in the Metropolitan Area of Mexico City (ZMCM), offering three Bachelor’s Degree programs: Law, Political Science, and Urban Administration and Literary Creation, “with Law being the one in most demand, 84% […] An understandable percentage considering the students’ legal situation” (idem: 324).

In general, prisons offer basic and middle education, often using more educated IPL as counselors for Jalisco’s Institute for the Education of Youths and Adults (INNEJAD) and other open education programs, thus reducing faculty costs. Such is the case in Jalisco’s penitentiary centers, except for the Inside-Out pilot project.

A school for crime?

Although we know that in most prisons in our country there are criminal groups that influence decision-making within the centers, we must also recognize that the power of these groups also contributes to make penitentiary centers into schools for crime. Frequently, those who are in prison for the first time, known as primodelincuentes and charged with minor crimes, are recruited by members of cartels to work for them either inside or outside the prison, since they will be out soon. For the primodelincuente, accepting this offer means a good stay in prison, economic benefits, and protection, but sometimes they have little choice when they are threatened with harm either to them or to their families (Pérez y Zaragoza, 2011). As an inmate student with a position of high command in the main cartel of the state said in one of his reflection essays for the first seminar of Inside-Out in the Reclusorio Metropolitano, “Life in prison […] is like going to a [spiritual] retreat. The phrase that calls prison the ‘University [of Crime]’ says it very well. It is like a boarding school away from your place of origin. You go there to learn more about what you know and to perfect other personal characteristics and business you did not know before”.

Inside-Out Prison Exchange Program

Inside-Out is a model that combines formal education with an experience of socio-pedagogical exchange between university students and penitentiary system inmates. Guided by a qualified teacher, external students and IPL study together as classmates, making it possible to reduce social barriers as well as promote transformative learning experiences and academic progress in both groups.

Nowadays, Inside-Out operates in more than 100 universities and prisons in 41 states of the United States, as well as in Canada, England and Australia. Since 1997 more than 22,000 students have participated in the program, and more than 600 teachers have been trained to put into practice a model that has been awarded several international prizes and recognitions.

Puente Grande, in Jalisco, is the first penitentiary system in Latin America to offer the Inside-Out program, which began to operate in Mexico in 2016 at Jalisco’s Centro de Readaptación Social Femenil with students from the Bachelor’s degree program in Educational Intervention of the National Pedagogic University (UPN) in Guadalajara, a student of the Bachelor’s degree program in Psychology of the Western Mexico Technological and Higher Studies Institute (ITESO) and a teacher from the University of Guadalajara (UDG). Since then, the Inside-Out program has been replicated every semester with the UDG teacher and students of several social science majors (González, 2016).

The course “Crime, Justice, and Social Inclusion” (“Crimen, justicia e inclusión social”), given at the Reclusorio Metropolitano with the support of Guadalajara’s UPN, was conducted once a week from February 8 to June 1 2017 with ten IPL in this center and nine students and teachers from the UPN, the Free College of University Studies (CLEU), and the Latin American Council of Social Science (CLACSO).

Puente Grande’s Reclusorio Metropolitano and Inside-Out

Inaugurated in February 2013 with an investment of 1,700 million pesos, Reclusorio Metropolitano is the most modern and costliest penitentiary center in Jalisco. It is located at the penitentiary complex of Puente Grande, in the municipality of El Salto. The center was built with the aim of reducing the overpopulation of the state’s prisons, which by 2013 was in excess of 67% of the IPL according to figures given by Luis Carlos Nájera, former Public Security Minister of the state of Jalisco (El Informador, February 19 2013).

This prison has the technology to work in a more automated way than other existing CERESOS. Innovations include over 4,000 electronically controlled pieces of equipment: 900 completely automated doors, 500 video cameras, X-ray scan at the entrance, card scanner, coded barrier and bollard system, intercom system, and electronic device detection system (ídem). Any electronic device, including cellphones and tablets, must be left at the guard house before entering the prison’s parking lot.

The prison has a capacity for 1,700 high-to-medium dangerousness inmates, but it currently houses around 370 IPL, divided into processed and sentenced. For the sentenced inmates there are “special” cells, with a population of around 70 people.5 The first generation of Inside-Out at the Reclusorio Metropolitano included 10 inmates from this group.

Reclusorio Metropolitano houses inmates who committed high impact crimes linked to organized crime; most of them have been sentenced to more than 20 years in prison. Another salient feature of this prison is that its inmates do not wear the typical beige uniform of the other prisons, but an orange uniform similar to that worn in prisons in the United States.

It is important to point out that this prison follows both Mexican norms such as the National Law of Criminal Enforcement (Ley Nacional de Ejecución Penal) and the Mexican Constitution, as well as international statutes, since it is the only penitentiary center in Jalisco accredited by the American Correctional Association (ACA), which demands compliance with its 137 norms for such accreditation (Pelayo, 2017).

Among the technical areas of this penitentiary center for the proper social reinsertion of IPL are the area of Criminology, Medical Care, Psychology, Social Work, and School, which conducts the Inside-Out seminar. The “Crime, Justice, and Social Inclusion” seminar was held over 15 weeks, every Thursday from 3:30 to 6:00 p.m. in one of the classrooms of the School area. The penitentiary center’s policy forbids contact between the different groups of IPL, so the remaining spaces of the school are vacated during the sessions of the seminar.

Significance of Inside-Out

Worthy of mention about the Inside-Out program is the issue of labels and how this program raises awareness about the importance of eliminating them. An opportunity to confront these stereotypes directly arises at the beginning of the course. External participants arrived with these ideas, partly because of what we heard when we mentioned that we would attend a course inside the prison: “Really? But there are only drug dealers, kidnappers and murderers there!”, “They are all highly dangerous criminals”. Certainly, comments such as these generated concerns in external students about their own security, because we did not know how we would interact with inmate classmates, and under which conditions. In the first session we even tried to guess which crimes each one of them had committed. We listened to how they spoke, wondered how strong they were, if they were aggressive, etc. The semi-anonymity policy of the program prohibits using last names during the course, which ruled out the possibility of answering our questions by googling their names after recovering our electronic devices when we left the prison.

Inmate students also had preconceptions about external students. They said that at the beginning they thought that the university students, especially Criminology students, had joined the course in order to “study them as criminals”. They associated this idea with students’ visits to the CERESOS in which most of the inmates had participated before being transferred to the Reclusorio Metropolitano. These visits sought to help students understand the functioning of penitentiary centers, but for most of the inmate students they felt like touristic trips of visits to a zoo, making them feel that the IPL were the main attraction. In this new experience, expressing the inmates’ stereotypes of the external students helped to overcome them.

The first sessions with the two groups of integrated students (inmates and external) revolved around activities designed to break the ice, with the aim of overcoming labels and stereotypes and seeing the other participants in the seminar as humans and classmates, first and foremost. Group dynamics helped us to realize that both external students and inmates shared tastes and experiences and we were more alike than we thought we were, which to a large extent undermined the labels and stereotypes we had of each other.

The speed with which the prejudices disappeared reflects one of the strengths of the program. With the direct conversation between students and the activities in groups of three or four people we began to see each other more as classmates, as persons, as though these group dynamics had brought about a humanizing process in all of us. Even when some decided to share with the group the reasons why they were in prison - which was not recommended by the program, but not forbidden either - the labels were not used again; we continued to see them as people like us, without focusing on the mistakes they had made. Eliminating the labels among us helped us to value what all the classmates said about their experience with the justice system, which in turn generated some trust and openness to discuss without the current problems of the penitentiary system without any censorship.

Regarding the significance of Inside-Out for inmate students, in several cases a significant change was noticed in the way they saw their own case and their possibilities of an effective social reinsertion. This is reflected in their collaboration on the Insights Booklet (Cuaderno de Reflexiones) handed out at the end of the semester. In the words of one of them:

Inside-Out was a great opportunity to learn about an important problem that afflicts us today in this country, which requires finding a solution to improve a situation that is increasingly out of control. I mean a solution to reduce crime, reduce overpopulation in prisons, reduce violence, offering better opportunities for young people and adults that keep them away from committing crimes, better laws that benefit everyone, even those who are incarcerated. This course was for me something that interested me from the first day I attended it, because it is a very important issue. I thank all the participants, both inmates and external, for being part of this, but mostly for allowing me to be and to learn from this.

The program contributes to raise awareness among its students about all issues linked to the penitentiary system, the enforcement of sentences, and alternative justice. A very important issue is society’s view of inmates and the social labels attached to them during and after their imprisonment. Another classmate wrote:

Inside-Out taught me that there are people who struggle disinterestedly to promote the human rights that have been devalued for us in prison. Thanks to programs such as this we see the penitentiary system from a different perspective. We see that there can be respect and coexistence between us and the system, and we can become people who contribute something to the society to which we belong.

One of the issues addressed in the course that was of great interest for inmate students was that of alternative justice and restorative justice. The inmate students themselves said that these types of justice might be of great help to dissuade minor crime and thus reduce the large number of people imprisoned for this reason. Alternative justice can teach those who commit such crimes that their behavior, besides being wrong and hurting the victim directly, has collateral effects that cause harm to their environment. Alternative and restorative justice have the potential of making them aware of their mistakes and stopping them in time before they become involved in a life of crime.

Besides that, other issues that were important for inmate students were the enforcement of sentences, social reinsertion, and the reparation of damage as a means of compensation. As one of them put it during the ceremony to close the course:

It made me become aware of the fact that when we hurt others by committing a crime we never realize what the victims go through to recover a part of what has been taken away from them. Understanding this definitely made me recover some of the humanity I had lost.

The group of external students in this seminar agreed that Inside-Out represented one of the most enriching experiences in their life, especially because of the opportunity of being part of a pilot program in Latin America.

Among their most important experiences was being able to analyze the penitentiary system from the different perspectives of such a diverse group, the fact that Criminology students were able to share viewpoints with Educational Intervention students, sociologists, a psychologists and several inmates with Bachelor’s degrees in Law or Business Management. The most enriching part, however, was their conversation with incarcerated classmates about their experiences inside the penitentiary system. In the words of one of the external students:

The Inside-Out experience was unique for my education because it broke down many social and personal barriers about being a student, collective work within the classroom, and my perspectives on prison and education. Sharing a classroom with people so different from me widened my view of the issues and of justice that I had. After this experience it’s hard for me to think of education with homogeneous students. I believe that including such different people in different contexts is one of the keys to think of a different and more promising educational system.

A fundamental element of the Inside-Out pedagogy is the use of the circle. We always sit in a circle, which helps to reduce hierarchies and differences perceived in the group. Of course it was difficult not to notice the orange uniforms contrasting with the black clothes required for external students, but after some time the difference between the two groups became less striking. The diversity in approaches in the group generated debates with such different view-points that one was often led to question the validity of one’s own opinion. In short, one of the benefits of Inside-Out is sharing different ways of thinking and reaching well founded conclusions or delving into the complexity of the issues.

One of the deficiencies of many social science programs is to found education strictly on academic texts without making sure if the real context corresponds to the authors’ arguments. Especially in the major in Criminology, the study of antisocial behavior is based specifically on the assumptions of researchers who are often from other countries, which does not guarantee that their premises match the current reality of our society. Having explored the issues in this course in an academic space where we shared the opinions and contributions of people who have broken the law enhances enormously the students’ knowledge, promoting the adaptation of researchers’ assumptions to our current issues.

Listening to the experiences of inmate classmates as victims of the penitentiary system- as well as some of their experiences as aggressors in the crimes they committed - makes it possible to have a more profound learning that cannot be achieved any other way. For Criminology students, this experience was very important both in a personal and in an academic sense because criminology’s main subject of study is the criminal and his or her environment, which has led to a dehumanization of criminals, who are seen as inanimate objects, and to a perceived separation between the human being and the criminal behavior. This leads us to become desensitized and to forget that we are studying people. Spending time with our “study subjects” and seeing how they themselves contribute their own experiences and perception of different issues helps us to acknowledge the need to analyze situations originated in human nature in one case, before studying such behavior as acts against society.

Inside-Out is a tool that gives voice to those that the system has muted. Throughout the sessions, the issues were greatly nourished by the inmates’ accounts and led external students to wonder how their academic training experience would have been without this program, limiting themselves to studying what someone else researched, accepting someone else’s assumptions and, most of all, studying criminal behavior without having the opportunity to listen and ask questions to these people, before graduating with a Bachelor’s degree in Criminology. Without a doubt, Inside-Out is an excellent complement for any Bachelor’s degree program in social science.

Another key issue in this course, and one that caused great commotion in most of the students, was an analysis of the justice enforcement system in all its levels: police, ministerio público, state attorneys, judges, and legislators. In this activity we formed groups with inmate and external students; each group analyzed one of the parts of the system and tried to explain the current situation, its pros and cons, what they did right and what they did wrong, their significance, resources, etc. The most interesting part was that when each group presented their part and we put together what had been analyzed we found alarming situations in which most of the justice enforcement system is not working, especially when enforcing the new criminal justice system. Police agencies work without resources and their training is very limited; ministerios públicos do not have the capability to properly investigate crimes; state attorney seem to be accomplices of ministerios públicos, oblivious of their responsibility as defenders of the indicted; sometimes the judges are apathetic and decide not to get involved in or not to analyze correctly the cases on which they will pronounce their decision, and our legislators forget that in order to legislate about an issue it is necessary to learn about it first and try to compensate for all the effects of this new law. Contemplating such an inefficient system can make any citizen feel distrustful of the authorities, and decide not to denounce a crime, take justice in his own hands, or even entrust his or her security to criminal groups instead of the police.

We closed the last session of the course by asking ourselves “Are you empowered or disem/powered?” “How do you feel now that you know that our justice system has so many deficiencies, that there are people who are in prison not for having committed a crime, but for not having had the resources for a good defense, that some were imprisoned for stealing something to alleviate their hunger while so many who commit more serious crimes go unpunished thanks to their connections?” This exercise in analysis and reflection made most of us feel disempowered and distrustful of our authorities. Since then, we have given a great deal of thought to how we reached such high levels of corruption, impunity, and selfishness. We have seen how in our own neighborhoods the distrust of the authorities is so great that the local leader of the “plaza” (a word used by organized crime to refer to “their” territory) becomes some kind of Robin Hood to whom neighbors go when they have problems with crime. Now it seems as though these local capos have as much power as the authorities, if not more. We now wonder if big drug cartels, with all their power, have become a fourth branch of government in our country.

To conclude, we would like to highlight two strengths of the Inside-Out program that are worthy of mention besides the contributions of the experience mentioned above.

Face to face with crime

Besides propitiating an interaction between students and teachers of different majors and incarcerated people, Inside-Out allows external participants to meet face to face with people who have committed crimes. Thus, a crime acquires a face and a name, and ceases to be just a statistic or a file to become people with whom we can have a conversation without restrictions or pressure. At first we saw the crimes committed by the inmates as something bad that inspired fear or concern; however, once they have a voice and a face they become easier to understand. The crime becomes a person, we set aside the antisocial behavior in abstract form and we can spend time and talk with a person who, in these circumstances and thanks to the program’s pedagogy, provides clear knowledge about the crimes committed. As criminologists, we have the opportunity to share experiences, questions and concerns with the main actors in the phenomenon of crime, which is only possible through Inside-Out.

Humanizing process

Although we mentioned above that it is possible to see face to face these classmates who committed a crime, we all underwent a very interesting humanizing process, originated in the time spent together and the personal, small groups and full group discussions. Halfway through the semester we reached a point where we began to generate mutual empathy, which made the relationship among all of us closer and turned us into true classmates, without labels of inmates or external, seeing each other as equals. We suddenly forgot that we were in a penitentiary center and even inmate classmates said that for those two hours they forgot they were incarcerated.

The external students began with the expectation that this course would give us an opportunity to learn about the Reclusorio Metropolitano and inmates who had committed high impact crimes, and we ended up meeting great human beings, people like any other people, with much to contribute to society and willing to overcome their situation. Finishing the course was somewhat sad, not being able to share with those classmates and thinking that we might never meet again. It is truly an experience that cannot be easily forgotten. We recognize now that that difference that has made such a mark in our lives can be reduced to the fact that their wrong behavior is classified as a crime by law, and ours is not.

Final thoughts

Education is one of the fundamental pillars in the development of a human being, so it must be part of the plan of activities for IPL. Besides learning about justice, crime, and social exclusion, the Inside-Out course creates awareness in the group about our participation in the phenomenon of crime. As one of the classmates quoted above explained, the course helped the IPL to recover the humanity they thought they had lost. It also helped external students to recognize and confront stigmatizing labels. The program of the course - which unmasks every aspect of the justice system, crime, victims and aggressors - makes it possible to understand the effect of their actions and of everything that is generated by antisocial behavior. The awareness generated through Inside-Out is, without a doubt, a tool of dissuasion for future crime.

Beyond this effect, education is a human right that must be guaranteed for all IPL in Mexico’s penitentiary centers. In the words of Scarfó and Aued, “Education has an aim of its own as a human right: the comprehensive development of the individual. We must understand that the person deprived of his or her freedom is a subject of rights, and that the State must guarantee their effective enjoyment” (2013: 92). The effect of good educational programs such as Inside-Out on the statistics of recidivism is another reason to promote education as a main axis of social reinsertion.

Inside-Out uses a pedagogical model that not only allows us to analyze social issues from the perspective of the IPL, but also helps to overcome stereotypes, eliminate labels, and contribute to the humanization and social inclusion, with a transforming awareness, of its participants. Rather than studying our justice and penitentiary systems, this program brings with it an impressive humanizing process in which the “criminal” acquires a real face and name; before being a criminal, he or she is a person. This helps to remove labels and begin to see IPL as equals. You become more human in regard to their situation: you understand them, they understand you, and a link is created from one human being to another, without insecurity or discrimination.

The Inside-Out model is currently operating in two penitentiary centers in Puente Grande: at the Centro de Readaptación Social Femenil, and at the Reclusorio Metropolitano, which includes approximately 40 participants each semester. For the first time, in the second semester of 2017 the course at the Reclusorio Metropolitano will be offered in the modality of a Diploma Course by the UPN in Guadalajara. Thus, the certificate awarded to those who complete the program successfully will have greater curricular value, both for inmate and external students.

Teachers at several universities in the Metropolitan Area of Guadalajara, as well as a colleague from the Universidad Iberoamericana de Torreón, have shown interest in being certified as Inside-Out instructors. For the time being, we are raising funds to offer training in Mexico and translate the course materials to Spanish. There is no doubt that the value of Inside-Out for our society will continue to be recognized by more people connected to universities and the penitentiary system, and will thus transform life in Mexico and the rest of Latin America in favor of the security of their citizens and their social equality.

Reguillo’s approach has its source in Spinoza’s seventeenth century philosophy, which describes emotional forces as “pre-existing subjects” (Reguillo, 2002: 200).

<http://tv.milenio.com/con_puig_a_las_diez/fiesta-puente-grande-milenio-noticias_3_952734790.html>

The agencies that receive and investigate criminal complaints. The phrase is also commonly used to refer to the officials who head those agencies.

For further details about these shortages, see Azaola (2009).

Data not quoted in this section were obtained by inmate students participating in the Inside-Out course and observations made during the semester.

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Cintillo legal

Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa. Año 9, No. 17. Julio-diciembre, 2018, es una publicación Semestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Estudios en Educación, por la División de Estudios de Estado y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belenes. Edificio "A" Nivel 3 Av. Parres Arias #150 y Perférico Norte. C.P. 45100. Zapopan, Jalisco, Mexico. Tel. (33) 38-19-33-00, ext. 23604 y/o 23490. http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx Correo: dialogoseducacion@gmail.com Editor responsable: Anayanci Fregoso Centeno. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2009-082814355800-203, ISSN: 2007-2171, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Responsable de la última actualización de éste número, María Dolores Rivera Reynoso. Fecha de la última modificación: 27 de junio de 2018, con un tiraje de un ejemplar.

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